EL GRUPO SOCIALISTA REGISTRA EN LA ASAMBLEA UNA INICIATIVA QUE DA UN PLAZO DE UN MES AL GOBIERNO REGIONAL PARA PONER EN MARCHA LA LEY DE DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD
El Grupo Socialista de la Asamblea registró hoy una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de Esperanza Aguirre a promover, en el plazo máximo de un mes, diez medidas para desarrollar y aplicar en la Comunidad de Madrid la Ley de Dependencia que entró en vigor el pasado 14 de diciembre. La portavoz socialista, Maru Menéndez, consideró una absoluta irresponsabilidad que el Gobierno de Esperanza Aguirre esté impidiendo que miles de familias más de 23.000 personas- que viven una situación dramática puedan acceder a una ayuda económica importante
La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, recordó esta mañana (13-9-07) que la llamada Ley de Dependencia, impulsada por el Gobierno de España, fue aprobada por las Cortes Generales y entró en vigor el pasado 14 de diciembre de 2006. Hace ya más de tres meses que han finalizado todos los desarrollos normativos que por parte de la Administración General del Estado se han de poner en marcha para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de las personas en situación de dependencia. Sin embargo, añadió, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes, y como consecuencia, está vulnerando el derecho de los grandes dependientes que ya, durante el ejercicio de 2007, podrían estar percibiendo ayudas económicas de entre 780 euros y más de 400 euros.
Menéndez afirmó que el Gobierno regional, en su afán por confrontar con el Gobierno de España, está dejando sin el ejercicio del derecho efectivo a más de 23.000 ciudadanos que ya hoy tienen ese derecho, pero que, sin embargo, no lo pueden ver reconocido porque la Comunidad de Madrid no ha puesto los medios necesarios para ello, para empezar, los 23 millones de euros que le corresponde a la Comunidad de Madrid aportar en virtud de la Ley de Dependencia.
La Proposición No de Ley registrada hoy por el Grupo Socialista en la Asamblea y que se debatirá previsiblemente en el pleno del próximo 4 de octubre, insta al Gobierno regional a que antes de un mes apruebe un Decreto que regule el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, anunció por su parte la portavoz socialista en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, la diputada regional Pilar Sánchez Acera.
Además, continuó la diputada, se pide que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales publique una Orden que especifique las prestaciones por dependencia, y que el Consejo de Gobierno apruebe otro acuerdo para la distribución de créditos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de forma que la Comunidad financie el 100% de los costes de personal, equipamiento e infraestructuras municipales necesarios para desarrollar la ley. Además, la PNL propone que la Comunidad asuma el coste íntegro de los servicios de ayuda a domicilio y tele-asistencia que en la actualidad se prestan con financiación municipal a los grandes dependientes.
Otras de las medidas que contiene la iniciativa son: la creación de diez equipos nuevos de valoración de la dependencia y aumentar, a través de un plan integral de zonificación, las plazas residenciales, centros de día, centros de noche y otros dispositivos.
Este nuevo derecho social, el derecho a la atención de la dependencia, es el cuarto pilar del Estado del Bienestar en nuestro país, explicó Maru Menéndez. Supone la generación de un nuevo derecho social, 20 años después de que naciera otro derecho bajo otro gobierno socialista, como fue el de las pensiones no contributivas. Viene a complementar un Estado del Bienestar basado en el Sistema Nacional de Salud, el sistema público de pensiones y el derecho universal a la educación. Por todo ello, es de una enorme irresponsabilidad y de una especial gravedad el hecho de que la señora Esperanza Aguirre no ejerza la competencia que tiene y esté impidiendo que más de 23.000 madrileños y sus familias en este momento no puedan acceder a una ayuda económica a la que tienen derecho.
La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, recordó esta mañana (13-9-07) que la llamada Ley de Dependencia, impulsada por el Gobierno de España, fue aprobada por las Cortes Generales y entró en vigor el pasado 14 de diciembre de 2006. Hace ya más de tres meses que han finalizado todos los desarrollos normativos que por parte de la Administración General del Estado se han de poner en marcha para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de las personas en situación de dependencia. Sin embargo, añadió, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes, y como consecuencia, está vulnerando el derecho de los grandes dependientes que ya, durante el ejercicio de 2007, podrían estar percibiendo ayudas económicas de entre 780 euros y más de 400 euros.
Menéndez afirmó que el Gobierno regional, en su afán por confrontar con el Gobierno de España, está dejando sin el ejercicio del derecho efectivo a más de 23.000 ciudadanos que ya hoy tienen ese derecho, pero que, sin embargo, no lo pueden ver reconocido porque la Comunidad de Madrid no ha puesto los medios necesarios para ello, para empezar, los 23 millones de euros que le corresponde a la Comunidad de Madrid aportar en virtud de la Ley de Dependencia.
La Proposición No de Ley registrada hoy por el Grupo Socialista en la Asamblea y que se debatirá previsiblemente en el pleno del próximo 4 de octubre, insta al Gobierno regional a que antes de un mes apruebe un Decreto que regule el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, anunció por su parte la portavoz socialista en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, la diputada regional Pilar Sánchez Acera.
Además, continuó la diputada, se pide que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales publique una Orden que especifique las prestaciones por dependencia, y que el Consejo de Gobierno apruebe otro acuerdo para la distribución de créditos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de forma que la Comunidad financie el 100% de los costes de personal, equipamiento e infraestructuras municipales necesarios para desarrollar la ley. Además, la PNL propone que la Comunidad asuma el coste íntegro de los servicios de ayuda a domicilio y tele-asistencia que en la actualidad se prestan con financiación municipal a los grandes dependientes.
Otras de las medidas que contiene la iniciativa son: la creación de diez equipos nuevos de valoración de la dependencia y aumentar, a través de un plan integral de zonificación, las plazas residenciales, centros de día, centros de noche y otros dispositivos.
Este nuevo derecho social, el derecho a la atención de la dependencia, es el cuarto pilar del Estado del Bienestar en nuestro país, explicó Maru Menéndez. Supone la generación de un nuevo derecho social, 20 años después de que naciera otro derecho bajo otro gobierno socialista, como fue el de las pensiones no contributivas. Viene a complementar un Estado del Bienestar basado en el Sistema Nacional de Salud, el sistema público de pensiones y el derecho universal a la educación. Por todo ello, es de una enorme irresponsabilidad y de una especial gravedad el hecho de que la señora Esperanza Aguirre no ejerza la competencia que tiene y esté impidiendo que más de 23.000 madrileños y sus familias en este momento no puedan acceder a una ayuda económica a la que tienen derecho.
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jose -